La declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España ha cambiado mucho la vida de los españoles debido al cierre de negocios, confinamiento en casa, restricciones en la circulación de personas y vehículos, cierre de centros educativos…

Ante esta situación, mucha gente no puede reprimir la tentación de salir a correr, ir a tomar un café con sus amigos al bar…saltándose las normas y poniendo en riesgo las medidas sanitarias que permiten acabar con esta crisis.

Ante esta situación, el Gobierno se ha visto obligado a incluir un decreto relacionado con las sanciones que se van a imponer en el caso de saltarse las medidas establecidas. 

  • La Ley de Seguridad Ciudadana, fija un sanción de entre 100 y 600 euros a quienes retiran vallas, cintas o elementos colocados por los servicios de protección. En el caso de desobediencia a la autoridad, la multa se incrementa, pasando a rondar los 601 y 30.000 euros. 
  • La Ley de Salud Pública recoge las infracciones con multas de 3.001 hasta los 60.000euros a quien ponga en riesgo o peligro grave la salud de la población. Si esta supera el nivel de gravedad, las sanciones podrían ir de 60.001 euros hasta 600.000 para los siguientes supuestos: conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población, incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.

Además, los delitos de desobediencia serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

Se trata de una situación atípica en España, donde todos los ciudadanos nos encontramos descolocados frente a las nuevas medidas implantadas por el Gobierno.
La Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio de 1 de junio de 1981, contiene los elementos necesarios para aplicar medidas especiales en las comunidades autónomas o en el Estado ante emergencias sanitarias. En este caso, el Gobierno ha unificado el poder tomando decisiones en todo el territorio nacional.
Según el artículo 4.B de la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio para acordar la medida se debe producir una circunstancia como “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”, hecho que ha sucedido con la pandemia global del coronavirus o Covid_19.
Las medidas planteadas:
Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, favoreciendo el “teletrabajos en sectores que sea posible”
Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado anterior.
Además, la ley, en su artículo 10, detalla que “el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado

El brote de coronavirus y la declaración de pandemia global ha provocado que muchas compañías hayan cesado su actividad, lo que ha desencadenado la aplicación de ERES y ERTES en algunas de ellas, pero bien…¿sabemos que significa cada modalidad y qué impacto tendrá en los trabajadores?

Esta situación es nueva para todos, hacía muchos años que no se daba una situación así en España con este parón en todos los sectores de la economía que ha provocado el caos.  Esta situación está obligando a muchas empresas ha tomar medidas excepcionales debido al parón provocado por la crisis del coronavirus. Entre ellas, las que no pueden continuar con el trabajo y no pueden hacer frente a la situación económica.

La principal distinción entre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tiene que ver con la duración. En el caso del primero, son definitivas, mientras que en el segundo caso se trata de puntuales o temporales. Ambas medidas están recogidas en el Real Decreto Ley 3/2012 para tratar de solucionar situaciones económicas, técnicas, organizativas o de producción de compañías.

En el segundo caso, cuando un trabajador sufre un ERTE, mantiene por norma general su situación de activo, pero en el caso del ERE, este pasa a estar en paro o desempleo. 

¿Tendremos derecho a indemnización si esto sucede?

Pues bien, si la empresa opta por un ERTE, el trabajador no tendría indemnización, aunque puede beneficiarse de un pago porcentual, por horas, de la prestación de desempleo.

En un ERE, sí que existe una indemnización, una cuantía que se negocia entre trabajadores y representantes.

En Abendaño y Bilbao Abogados te podemos asesorar de la mejor manera. 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que causa fiebre, tos y dificultad respiratoria, la cual ha causado una alerta sanitaria a nivel mundial. Se reportó por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, a inicios de diciembre de 2019, y desde entonces no ha parado de propagarse por los diferentes continentes. 

Este martes (10/03/2020) el gobierno aprobó un real decreto ley para que las personas en aislamiento preventivo por motivo de contagio del Covid-19, conocido como coronavirus, se consideren en situación de incapacidad temporal, es decir, una baja laboral por accidente de trabajo.

Para poder abordar esta crisis sanitaria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha buscado mejorar la prestación para aquellas personas que se encuentran en situación de aislamiento infectadas por el coronavirus, percibiendo así desde el día siguiente al de la baja laboral, el 75% de la base reguladora, con cargo a la Administración.

Ahora bien, existen dos tipos:

  • Por un lado, en el caso de que se de un aislamiento preventivo como consecuencia de la enfermedad Covid-19 recibirán el tratamiento de incapacidad temporal (IT) por enfermedad común, tal y como informó el ministerio de Trabajo. 
  • Y, por otro lado, en los demás casos, se entenderá que es voluntad de la empresa y por lo tanto se deberá conceder un permiso retribuido.

Esta medida aprobada la solicitaron los sindicatos de los trabajadores antes la nueva situación en España.

En Abendaño y Bilbao Abogados te asesoramos y nos ponemos de tu lado para conseguir mejorar la situación, tanto del empleado como de la empresa. 

Todos hemos oído del Boom Inmobiliario, siendo una época donde la construcción, compra y venta de viviendas no paró de crecer pero existen datos que determinan que una cuarta parte de los inmuebles presentan vicios o desperfectos constructivos que según el CAF (Colegio oficial de Administradores de Fincas) de Madrid, fueron originados por la velocidad de edificación a la que se llegó en dicho boom.

En una situación similar, la mayoría de reclamaciones suelen venir por parte de los dueños de las viviendas, por problemas con humedades en el garaje, malos acabados…

Según la LOE (Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación), los propietarios disponen de 10 años para interponer reclamaciones o demandas por los desperfectos materiales causados en el inmueble por defectos “que afecten a la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales”. Es decir, todo lo que pueda afectar a la estructura o se derive de ella. Sin embargo, los defectos como manchas de humedad, grietas no estructurales, problemas o carencias en las instalaciones pueden reclamarse en un plazo de 3 años.

Pero, ¿cómo llevar a cabo este tipo de reclamaciones? Pues bien, cada caso es un mundo y por eso lo mejor es ponerse en manos de especialistas en este ámbito para conseguir los mejores resultados.

Abendaño & Bilbao Abogados te asesorará y pone a su equipo bajo tu caso para estudiarlo y ofrecerte la mejor solución. 

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fue una de las grandes promesas electorales del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, siendo confirmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dicho incremento para este año, mediante la publicación del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero.

Pero, ¿cómo afecta esta subida? El Gobierno ha incrementado el SMI hasta los 950 euros mensuales en contratos con una jornada laboral completa, siendo una cifra diaria de 31,66 euros, una subida del 5,55% con respecto al año 2019.

A el SMI se le añadirán los complementos salariales, así como el importe correspondiente al incrementos garantizado sobre el salario a tiempo, en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. Esto implica la cuantía anual que percibirán los trabajadores con jornada legal completa de 40 horas no podrá ser inferior a los 13.300 euros y se calcula sobre las 14 pagas.  

Mientras, los empleadores podrán aplicar ya la subida o esperar a que salga publicada y después compensar a sus trabajadores.

Revisa tu nómina para ver si dicho incremento se ha visto reflejado. 

En Abendaño y Bilbao Abogados contamos con un equipo especializado en el ámbito laboral para solucionar cualquier problema que te surja.

La Ley Concursal, con sus reformas, nos ha traído cambios para las personas físicas que se declaren en concurso. Anteriormente, eran pocas las personas que usaban dicho procedimiento para hacer frente a sus deudas pero con el paso de los años, cada vez son más el número de personas. 

Esta ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de Julio del 2.015, como un mecanismo de segunda oportunidad para reducir la carga financiera y otras medidas de orden social. De esta forma se consigue la posibilidad de que una persona física o autónoma pueda llegar a conseguir una exoneración de la deuda. 

Pero, ¿qué requisitos son necesarios para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

  1. Comprobar la buena fe del deudor, para lo cual no puede haber ni declaración de culpabilidad ni condena por delitos relacionados con el concurso. Para ello, el concurso debe haberse declarado fortuito.
  2. El segundo requisito exige un sacrificio patrimonial, existiendo dos formas: deberán haberse abonado todos los créditos contra la masa y los privilegiados (especiales y generales); y, si no hubiera mediado un previo intento de acuerdo extrajudicial de pagos, como mínimo, un 25% de los créditos ordinarios.

Si se cumplen las dos premisas anteriores, el afectado por las deudas se verá beneficiado por la exoneración en el momento en el que se haya satisfecho en su totalidad los créditos contra la masa, los créditos concursales privilegiados y al menos el 25% de los créditos concursales ordinarios, en el caso de que no haya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos.

Con la nueva remodelación, se han añadido la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria.

Si estás pasando por una situación similar y necesitas que estudien su caso de manera más personalizada para ver si los requisitos que se piden se cumplen, ponte en manos de profesionales. En Abendaño y Bilbao Abogados contamos con una amplia experiencia en este ámbito, tanto para particulares como para empresas.

A la hora de realizar el testamento, existen diferentes formas de nombrar a los herederos de la herencia. Se pueden nombrar herederos por completo o de una parte de la totalidad a determinadas personas, pero también podemos hacer un legado a una persona en concreto. 

En cuanto al concepto de heredero, puede existir dos tipos: heredero universal y el heredero único, siendo muy importante diferenciarlos para no cometer errores y saber cómo se repartirá la herencia exactamente. 

Cuando el heredero consta como universal, se convierte en sujeto activo y pasivo de las relaciones jurídicas de las que era titular el causante. En este caso, no solo se heredan los beneficio del fallecido, sino que también pasan las deudas y las obligaciones. 

Pero no es lo mismo ser heredero universal que único, ya que el heredero universal no significa ser heredero excluyendo ni único, ya que pueden ser varias personas que reciban la herencia en su conjunto. 

En  el caso de ser legatario, sólo recibirá una parte de la herencia que le haya dejado de forma voluntaria, no heredando así las deudas, es decir, puede aceptar unos bienes y renunciar a otros. Como la figura del legatario no es heredero forzoso, debe constar en el testamento su nombre, apellidos y DNI, y en el caso de que se trate de una empresa o fundación, tendrá que constar la persona jurídica y el CIF.

Y, por último, es importante destacar que ambos, tanto heredero como legatario, están en las mismas condiciones en lo que respecta al Impuesto de Sucesiones, y deberán liquidarlo en la cuantía que les corresponda.

Saber la diferencia a la hora de recibir una herencia es de gran importancia. Por lo tanto, recibir un asesoramiento de parte de expertos en este área es clave para conseguir el beneficio. En Abendaño y Bilbao Abogados contamos con una amplia experiencia tramitando este tipo de cuestiones, poniendo siempre todos nuestros conocimientos en su caso. 

En el mundo laboral, existen diferentes contratos por los cuales puedes entrar a formar parte de una empresa. En este artículo os contamos un tipo de contrato cada vez más usado por parte de las empresas a la hora de contratar a sus empleados: el contrato de obra y servicio.

Este tipo de contrato se caracteriza por ser definitorio, es decir, se realiza con el objetivo de que un trabajador realice ciertas tareas de un proyecto determinado pero en el momento que finaliza, si la empresa quiere seguir requiriendo de sus servicios, se debe formalizar otro contrato. 

Se trata de un contrato habitual en ciertos sectores como el comercio, la limpieza, la construcción… donde es necesario incrementar su plantilla para una cierta actividad, pero no se sabe el tiempo que va a durar el proyecto, formalizando así dicho contrato. 

Para que un contrato tenga dicho carácter se debe especificar claramente el tipo de obra o servicio/proyecto para el cual se requiere la contratación del empleado y presentarlo en un máximo de 10 días en la oficina de empleo desde el momento en que se firma. 

La legislación determina que este tipo de contratos puede tener una duración máxima de 3 años, pudiéndose ampliar unos 12 meses siempre y cuando el convenio colectivo lo contemple. Sin embargo, el finiquito por despido es de 12 días por año trabajado, con ciertas especificaciones que se estudian dependiente de cada caso concreto. 

Cuando el contrato supere los 3 años, más lo prorrogable, el trabajador pasa a ser indefinido automáticamente.

Si te enfrentas a un problema similar, ya seas empresa o trabajador, podemos ayudarte. Estudiaremos su caso de forma específica para ver como proceder en tu casa, buscando siempre el beneficio, asignando un experto en el ámbito judicial al que te enfrentas. En Abendaño y Bilbao Abogados miramos por todos nuestros clientes. 

Se trata de un Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, siendo de carácter directo y potestativo. Pero, no todos los terrenos lo tributan: únicamente de naturaleza urbana, no los de naturaleza rústica. 

Este valor por el cual hay que tributar es sobre el valor del suelo, no el de la construcción, apareciendo dicha cifra con el concepto de valor catastral.  

El pago de dicho impuesto le corresponde a la persona que adquiere el inmueble o a quien se le transmite el derecho real. Sin embargo, si la persona obligada del pago de la plusvalía es residente en el extranjero, la ley determina que tendrá que pagar el impuesto el sustituto del contribuyente, siendo la otra parte que interviene en el negocio jurídico. 

Con todo esto, antes de contar lo que determinó el Tribunal Constitucional, vamos a establecer los elementos claves  para saber a cuánto asciende el importe de este impuesto: 

  • Base imponible de este impuesto: formado por el incremento del valor de los terrenos en el momento de devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años, teniendo en cuenta dos valores: el valor del terreno y el porcentaje del incremento. 
  • Tipo impositivo: lo regula el ayuntamiento de cada localidad en su ordenanza fiscal reguladora de impuestos, no pudiendo superar el porcentaje del 30%.

Este impuesto ha tenido mucha polémica, sobre todo en los últimos tiempo, ya que muchos ciudadanos han tenido que pagar un plusvalía cuando se ha acreditado que no se ha obtenido ningún beneficio económico tras vender el inmueble. 

Todo ello, llegó al Tribunal Constitucional, quien ha hablado en una sentencia del 31 de Octubre de 2019, determinando que no es constitucional tributar por el impuesto de plusvalía municipal cuando el beneficio obtenido por dicha venta es menor al importe de dicha plusvalía, en aplicación de los criterios establecidos en la Ley de Haciendas Locales. 

En Abendaño y Bilbao Abogados podemos asesorarte y ayudarte. Ponemos todos nuestros conocimientos en su caso para que el resultado sea favorable.