Qué es un delito de odio?

“(A) Cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo como los definidos en la parte B;

(B) Un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros,  como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la  edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.” (OSCE, 2003)

Si necesitas ayuda porque eres presuntamente victima de un delito de odio, llámanos, sabremos ayudarte.

En una vivienda habitual o segunda residencia estamos ante un delito de allanamiento, penado con prisión y sobre el que la policía puede actuar de forma inmediata sin la orden de un juez.

Existen distintos tipos de allanamiento, como el de morada (entrar en una vivienda) o el de domicilio de persona jurídica (entrar en un local o comercio fuera de las horas de apertura al público).

El delito de allanamiento de morada se regula en el artículo 202.1 del Código Penal (CP), que establece que “el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años“.

En caso de usurpación de una vivienda que no se considera morada de nadie, habitualmente en manos de bancos o fondos buitre, el delito se considera usurpación, con multas de tres a seis meses y procesos mucho más dilatados.

Se regula en el artículo 245.2 CP y su definición es muy clara: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses“.

La propia definición lo dice: no puede constituir morada. Si constituye morada, estamos ante un allanamiento, la policía puede actuar para desalojar a quien está en el interior de la vivienda y las penas previstas son de prisión. En cambio, si se ocupa un inmueble que NO constituye morada, el desalojo sólo se podrá ejecutar con la preceptiva orden judicial y la pena prevista será de multa.
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Ya se encuentre usted ante un caso de Usurpación o de Allanamiento, la ley le protege, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a solventar el problema

Desde el pasado 1 de junio la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha vuelto más exigente debido a un cambio en la normativa europea para adaptarse al Brexit.

La nueva revisión obligatoria cuenta con modificaciones en el reglamento para adaptarse a las nuevas tecnologías que llevan incorporadas los vehículos. En realidad, lo que se ha producido es una ampliación de lo que debe revisarse y que antes no estaba tan claramente detallado en el manual anterior.

Anteriormente, por ejemplo, la gravedad del defecto de no funcionamiento del ABS cuando es obligatorio llevarlo, era falta leve, pasando a ser ahora falta grave. El mismo caso es el peligro de soltarse los retrovisores, la normativa se endurece pasando a considerarse falta grave.

Estos cambios en la normativa son importantes ya que solo la existencia de una falta grave provocaría la inhabilitación del vehículo.

Desde Abendaño Bilbao abogados recomendamos no solo por la normativa sino por su seguridad, tener a punto el vehículo en todo momento.

El derecho al teletrabajo para conciliar no depende únicamente del cargo en la empresa ni de la jornada escolar de los hijos

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón una directora en una residencia de mayores y madre de un niño de 7 años, que ejercitó su derecho a la conciliación familiar a través de una propuesta de adaptación que recogía la modalidad de trabajo a distancia por el 60% de la jornada y el 40% restante de la jornada completa. Así, asistiría al centro de trabajo dos días a la semana durante 8 horas hasta que su hijo cumpliera 12 años.
Establece el Tribunal que no es el trabajador quién debe probar su necesidad doméstica, su ausencia de otros resortes para atender la conciliación familiar o la disponibilidad de la empresa para acceder a su petición, sino que es la empresa la que debe probar de forma clara la causa que permite excepcionar la flexibilización propuesta por el trabajador

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