La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de alguna de las administraciones. Esta responsabilidad patrimonial presupone la existencia de un daño que ha afectado al patrimonio de un sujeto y la existencia de un derecho o interés protegido.

Nos encargamos de solicitarle el resarcimiento de los daños económicamente estimables que radiquen en una acción u omisión que resulte directamente imputable a un mal funcionamiento de las Administraciones públicas.